Diputado independiente propone ley anticorrupción para Panamá
(Ciudad de Panamá ANPanamá) Un anteproyecto de ley para combatir la corrupción que permita investigar a los diputados sin necesidad de prueba idónea presentó el diputado opositor independiente Juan Diego Vásquez.
El diputado indicó en sus redes sociales que el anteproyecto incluye “la no prescripción de delitos de corrupción, la inhabilitación definitiva para personas condenadas por delitos de corrupción y la eliminación de la Prueba Idónea para iniciar la investigación de Diputados”.
El joven político sostiene que se debe establecer que, no importa el tiempo que pase, los miembros del poder legislativo podrán ser investigados por cualquier denuncia de corrupción, que el que sea hallado culpable quede permanentemente impedido de ocupar cargos públicos y que se elimine la llamada “prueba idónea” con la que se habían blindado desde el periodo anterior (2009-2014).
"El día de hoy vengo honrado porque esta iniciativa legislativa, esta norma que vengo a proponer es parte principal de la lucha que logró traerme aquí como diputado. Y es el combate firme, fuerte contra la corrupción. Como todos sabemos la corrupción es la principal forma de crear impunidad. Y la impunidad y la corrupción inician un ciclo perfecto en donde una no descubre la otra. Asimismo la corrupción lo que garantiza es que no podamos brindarle a los panameños y las panameñas los recursos, el dinero, el apoyo que merecen", expresó Vásquez en el pleno cuando horas antes presentó el proyecto.
Vásquez indicó que lo que busca con la "eliminación de la Prueba Idónea para iniciar la investigación de diputados", es que estos pasen por el mismo proceso de investigación judicial que pasan los ciudadanos comunes.
Citó que países como Puerto Rico, Bolivia, Ecuador, México y hasta Venezuela, ya tienen una ley con la no prescripción de los delitos de corrupción una vez los políticos salen de sus cargos.
En anteriores periodos también se han presentado proyectos anticorrupción, el último el año pasado que aprobaba la imprescriptibilidad, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero fue vetado por el presidente Juan Carlos Varela porque establecía que el Estado no podía contratar a empresas confesas de corrupción que habían firmado acuerdos de delación.