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Panamá combate la trata de personas

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) El gobierno de Panamá reforzó el combate a la trata de personas en el país con el apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ante un delito que aún sigue afectando más a las mujeres y su figura más frecuente es la explotación sexual y laboral.

Denominada la esclavitud del siglo XXI, la trata es la actividad ilícita más lucrativa de estas mafias después del tráfico de armas y el narcotráfico en el mundo, por ello Panamá ha estructurado una red de protección tanto a extranjeros como panameños que han sido víctimas y que está catalogada de “modelo” para la región, explicó la directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, Waleska Hormechea, en un seminario para anunciar el mes de combate a esta lacra que se celebrará en el país durante todo septiembre con diversas actividades.

De acuerdo con los datos que suministró Hormechea, en 2018 se identificó 54 víctimas (hombres y mujeres), de las cuales 33 son colombianas, 13 venezolanas, 4 nicaragüenses y 4 panameñas.

La mayoría de casos, 46, fueron por explotación sexual.

En lo que va de 2019 se han identificado 9 casos, dos colombianas, una de Camboya, otra de Venezuela, una más de Nicaragua, un costarricense, entre otros países.

La funcionaria explicó que el personal panameño trata cada caso con la “sensibilidad” que exige la situación y cumpliendo con las normas internacionales para estos casos, y por ello ya se reconoce con el nombre usual, en el caso de los LGBTI, de las víctimas que ha rescatado, para respetar la voluntad del individuo y no cometer un acto de discriminación de parte del Estado, sin importar el registro formal en su documento de identidad.

Ahora las víctimas de trata en Panamá cuando son rescatadas reciben una identificación que les permite estar en el país con todas las garantías de confidencialidad y seguridad conforme al Protocolo de Palermo vigente para estos casos e incluso se cuenta con un fondo de atención básica, detalló.

Prevenir, penalizar y proteger a las víctimas, más la cooperación y asistencia internacional, son los fundamentos del Protocolo de Palermo.

Además, Panamá tiene pendiente reformar la ley de migración para cumplir con el compromiso de expedir el permiso de residencia humanitaria y el permiso de trabajo respectivo a la persona rescatada que no quiera volver a su país por temor a su seguridad.

El último informe sobre trata de personas que publicó en junio pasado Estados Unidos señala que Panamá “no cumple los estándares mínimos” de seguridad en estos casos y exigió que se persiga y castigue a los responsables de este delito de lesa humanidad.

Según EE.UU. Panamá reportó 59 víctimas en 2017 y 84 en 2016.

Indica que Panamá identificó menos víctimas, no financió refugios específicos y no enmendó la ley contra la trata para hacerla compatible con el derecho internacional.

A finales de junio, a pocos días de terminar la administración del entonces presidente Juan Carlos Varela, se creó la Oficina que ahora dirige Hormechea, quien reconoció que “todavía hay mucho por hacer” y pese a los “limitados recursos económicos” se está avanzando en mejorar la legislación y el tratamiento a las víctimas.

Refirió el caso de un nicaragüense que vivo esclavitud laboral en una vivienda de playa en Panamá, sin salario ni manutención digna por parte de su patrono panameño hasta que fue rescatado por la policía y la Unidad de Investigación y Atención (UIA) del Ministerio de Seguridad ahora organiza su repatriación y dotarle de una herramienta de trabajo.

Otro caso fue el de una niña indígena panameña, víctima de una familia de la misma nacionalidad que no le pagaba el salario que le ofreció como empleada doméstica, que incluso era más bajo que el mínimo legal, y la sometió a una esclavitud y maltratos que fueron denunciados por los ciudadanos.

Todo empieza con el engaño a la víctima, luego viene la coerción, que puede llegar hasta la violencia y finalmente la explotación permanente, lo que configura una situación que la mayoría de veces solo se puede combatir por la denuncia ciudadana, porque a veces la víctima no es consciente de su condición, apuntó.

Un experto de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), Gonzalo Medina, explicó que en Panamá “la explotación sexual es la principal modalidad” y alcanza al 98 por ciento de mujeres rescatadas, mientras que el 53 por ciento de hombres sufre de explotación laboral.

 Otro aspecto que configura este delito es que el 79 por ciento de víctimas son migrantes y el 20 por ciento son nacionales en su propio país y, en todos los casos, los victimarios tienen que pagar cárcel por estos delitos que viola los derechos humanos.