Cámara Marítima en alerta por anteproyectos de ley que dice afecta la actividad
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Cámara Marítima de Panamá expresó su “preocupación” por tres anteproyectos de ley que se van a discutir en la Asamblea Nacional, que “afectan al sector” y se han presentado “sin consultar” a los interesados y pueden poner en peligro la actividad logística del país.
Uno de los anteproyectos, número 48, se refiere a normas de protección del trabajador portuario con “periodos mínimos de empleo o ingresos mínimos (5,25 dólares la hora)” y fue presentado por el diputado Jairo Salazar, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Entre sus propuestas establece que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), deberá asegurar a los trabajadores portuarios esos periodos mínimos, cuya amplitud o índole dependerán de la situación económica y social del país y del puerto de que se trate, y llevar un registro “para todas las categorías” de trabajadores portuarios.
El segundo anteproyecto, 64, se refiere a la seguridad e higiene en los trabajos portuarios, en el territorio nacional y entre sus artículos exige métodos de trabajo que “no entrañen riesgos para la salud”, además de suministrar “medios seguros de acceso a los lugares de trabajo”, entre otras disposiciones, presentado por el mismo diputado, de la provincia caribeña de Colón.
Y el tercer anteproyecto, 120, se centra en establecer el salario mínimo a los trabajadores portuarios por hora de 5,25 dólares a los de los puertos cuya administración y operación ha sido concesionada por el Estado por un periodo determinado, y se deberá considerar un aumento cada tres años, a su vez; garantiza que todos los trabajadores de estos puertos gozarán de los beneficios y protecciones que contempla el Código de Trabajo, y también fue propuesto por Salazar y su copartidaria y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez.
También permite la tercerización en contratación de empresas para realizar trabajos específicos por parte de la empresa administradora del puerto, pero ésta será solidariamente responsable de las obligaciones adquiridas por un accidente laboral de algún trabajador acaecido en el ejercicio de sus funciones, entre otras garantías.
No obstante, los tres documentos no están en el orden del día de la comisión para primer debate al iniciar esta semana, de acuerdo con la información pública de la Asamblea Nacional.
Según la Cámara, esas iniciativas legislativas se contraponen a los compromisos suscritos en los respectivos contratos con la Nación que cada concesionario portuario obtuvo para desarrollar la industria en el país y que lo han convertido en base fundamental del desarrollo logístico de Panamá.
El sector expresa “con desasosiego” que las iniciativas legislativas son presentadas sin ser “consultadas con los gremios involucrados ni los actores competentes”, lo cual deriva “en un impacto negativo en la estabilidad de las inversiones”.
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado oficialista Crispiano Adames, es la que ha acogido las propuestas para su discusión.
Estos proyectos han llegado al parlamento panameño semanas después de una huelga en uno de los principales puertos del país, Balboa, operado por la concesionaria china Hutchinson, la que terminó después de un acuerdo para debatir las diferencias en una mesa de negociación y pérdidas millonarias para el país.
La CMP reúne a más de 200 empresas del sector, representa un 30 por ciento del producto interno bruto (PIB) y genera más de 289.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con sus cifras. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que regula el sector, no ha comentado sobre los posibles impactos de estos anteproyectos de ley.
Un total de 117 millones de dólares de ingresos anuales genera el abanderamiento de naves en Panamá, producto de 8.000 buques abanderados y el movimiento de 7 millones de contenedores, según la AMP.