Sudamérica revuelta y Panamá en riesgo de contagio
Desde Chile hasta Colombia, desde Argentina hasta Venezuela, ambas costas del subcontinente casi íntegramente estallaron o convulsionaron en el año que se va dentro de muy poco, por escándalos de corrupción, descontento social o motivos electorales, dejando su estela de muerte en casi todos los países involucrados y amenazando con contagiar a Panamá.
Ecuador y Chile por medidas económicas impopulares, Perú por enfrentamientos políticos a raíz de las acciones contra la corrupción, Colombia por la soterrada guerra sucia pos conflicto interno que ha dejado niños muertos en un bombardeo escondido por las autoridades y el diario asesinato de algún dirigente popular, Bolivia con un intento de reelección fraudulento, Argentina con una crisis económica galopante, Brasil con Lula liberado por una acción judicial y Venezuela hundida.
Y esa crisis amenaza con extenderse a Panamá, la puerta de entrada a Centroamérica y centro de distribución del continente, si no se manejan las tensiones políticas y sociales con tino y mucha muñeca fina.
El caso más sonado es la renuncia –por “recomendación” del Ejército- de Evo Morales en Bolivia, por un presunto fraude electoral, y su posterior asilo en México que ha desatado una ola de violencia sin precedentes en los últimos años y amenaza con hacer retroceder al país andino a tiempos de racismo y discriminación que se creían superados en una de las naciones con mayor porcentaje de aborígenes del continente.
Por esa crisis Panamá perdió la oportunidad de enfrentarse con la selección de fútbol de Bolivia, un amistoso que contaba para mejorar las aspiraciones a Catar 2022, así que ni el deporte más popular del planeta se salvó.
La crisis chilena afecta su comercio exterior y ello también impacta en Panamá, porque es el principal país latinoamericano usuario del Canal interoceánico y, a menos tránsitos o carga, menos ingresos.
Por lo pronto en el país se ha establecido unas mesas de diálogo con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y otra con el presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Marco Castillero, para escuchar a los jóvenes que protagonizaron en las últimas semanas las protestas para que se retire de la discusión parlamentaria la reforma a la Constitución.
Ese ejercicio democrático bajó la tensión, pero el fondo del asunto no pinta bien, Cortizo no admite retirar el proyecto de reforma constitucional , y el parlamento no tiene facultad para hacerlo porque no fue una iniciativa legislativa. Es un callejón sin salida.
Y mientras tanto, la única encuesta que tomó el pulso de la nación sobre las reformas constitucionales, realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), estableció que la gran mayoría (82%) quiere las enmiendas, pero el 88 por ciento no confía en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en la iniciativa que preparó la Concertación Nacional, por lo que el sentir popular apunta a la convocatoria de una Asamblea Constituyente luego de un proceso de consulta abierto , porque el principal reclamo no es la reforma de los órganos del Estado, sino que la Carta Magna “defienda a los pobres” y este es el país con la sexta peor distribución de la riqueza en el mundo. Hay que leer la letra menuda para comprender que quiere decir esa expresión.
De seguro la mayoría no quiere que se viva en Panamá la violencia que se ha desatado en Chile y ha puesto contra las cuerdas el mandato democrático de Sebastián Piñera, que hasta está invocando una asamblea para dictar una nueva Constitución; pero tampoco se percibe aceptable que aquí la discusión se centre en el control político del país, dando la espalda a las necesidades de la gente, porque ello es aprovechado por los anarquistas y sembradores del desasosiego para propósitos no sanos.
“Que defienda a los pobres”, eso nos concierne a todos, una Constitución que incluya, pero que haga responsable a cada ciudadano del futuro del país, que haya certeza del castigo, que al necesitado le dé el pescado, pero también le enseñe a pescar, que la rendición de cuentas sea permanente, que no haya panameños privilegiados o impunes gracias a los dineros públicos, que la justicia funcione como un servicio, no como una cueva de ladrones y traficantes de influencias.