Empresarios en Panamá piden gran debate sobre nueva ley regulará comercio de alimentos
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La cúpula empresarial panameña solicitó a la Asamblea Nacional de Diputados establecer una subcomisión técnica en la que se debata a la profundidad de la creación de la nueva institución que aplicará el control de sanidad e inocuidad en los alimentos porque considera que el proyecto presentado por el Ejecutivo “debilita la labor técnica que se requiere” y puede poner “en riesgo” tanto las importaciones como las exportaciones del país.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jorge Juan de la Guardia, dijo que ve con preocupación el Proyecto de Ley 164 “que crea el Servicio Nacional de Trámites para la Exportación e Importación de Alimentos (SENTA) y dicta otras disposiciones”, presentado por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, ya que, más allá de eliminar la Autoridad de Protección de Alimentos (AUPSA), debilita la labor técnica que se requiere para los procesos de control del sector, poniendo en riesgo tanto las importaciones como las exportaciones del país.
“Respetamos la iniciativa legislativa del Órgano Ejecutivo; sin embargo, consideramos que los proyectos de ley que impacten el desarrollo de los diferentes sectores productivos del país deben ser consultados para medir su trascendencia,” señaló el líder empresarial.
Agregó que “pudimos conocer el Proyecto de Ley de SENTA cuando fue presentado en la Asamblea Nacional, por lo que a partir de ese momento iniciamos su revisión con nuestra membresía”.
De la Guardia indicó que, para este gremio, considerado el más representativo del sector privado, resulta recomendable y óptimo que el Órgano Legislativo lleve el proyecto a una subcomisión técnica donde participen todos los sectores productivos impactados por el mismo.
La CCIAP propuso en su Agenda País 2019 – 2024 establecer que dentro de una sola entidad se unificaran las funciones y competencias de AUPSA y el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud (DEPA).
Asimismo, en el documento se recomendó que un solo laboratorio de calidad y cumplimiento de normas se encargue de vigilar la importación de alimentos y apoyar esfuerzos de exportación, a fin de obtener los certificados que requieren los productos.
“Estamos recibiendo los diferentes comentarios de nuestros miembros para poder presentar una postura una vez inicie su discusión en la Comisión Asuntos Agropecuarios, pero aquí realmente necesitamos analizar este proyecto con todos los involucrados,” puntualizó el presidente de la CCIAP.
Además, la Cámara considera que mientras se crea una nueva institución, AUPSA debe seguir trabajando responsablemente. De la Guardia añadió que, “mientras se discute la ley y se implementa la nueva institución, existen empresas que tramitan con AUPSA que necesitan continuar realizando las gestiones que la ley les exige.”
Valderrama, cuando presentó el proyecto, aseguró que durante la última década, la AUPSA creada en 2006, “fue transformada en una entidad volcada a facilitar las importaciones, desconociendo las normas en materia de sanidad e inocuidad de los alimentos y ocasionando graves perjuicios a la producción nacional, sobre todo en tiempos de cosecha”.
La AUPSA terminó usurpando funciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en materia de protección de la sanidad vegetal y de la salud animal, apuntó.
En su propuesta, Valderrama estipula que los controles sanitarios y fitosanitarios regresan al Ministerio de Salud, al MIDA y con participación del Ministerio de Comercio e Industrias, se crea el SENTA con una ventanilla única digital para los trámites respectivos para importaciones y exportaciones, sin tener ninguna autoridad para emitir opiniones técnicas ni tomará decisiones en materia de inocuidad de los alimentos, sanidad vegetal o salud animal, que quedarán en las manos respectivas, pero con facultad de autogestión mediante el cobro por sus servicios y por las multas que recaude por incumplimiento de las normas.
Entre 1.000 y un millón de dólares sería la escala de multas, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la justicia para su investigación penal cuando de faltas gravísimas se trate, como la falsificación de documentos que pongan en peligro la salud de la población.
“Los esfuerzos del Gobierno Nacional deben focalizarse en velar por la producción de aquellos productos considerados como sensitivos para la economía nacional; tal como fueron reconocidos al momento del ingreso de la República de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, apuntó Valderrama.
El Proyecto de Ley reconoce y mantiene vigentes los registros, las autorizaciones y los derechos adquiridos de los usuarios actuales de la AUPSA con el objetivo de evitar se obstaculice el comercio, e igualmente reorganiza el recurso humano de la institución, respetando las disposiciones de la Carrera Administrativa y las Leyes Especiales que le sean aplicables a los funcionarios actuales de la AUPSA, aseguró.