Seguridad Social de Panamá exige una reingeniería total
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Caja del Seguro Social es el mayor empleador de Panamá, con 33.000 trabajadores, su superávit ayuda a que el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) no sea peor y el país pierda el grado de inversión, pero tiene un sistema de administración de pensiones que es “un desastre” según su subdirector, Francisco Bustamante, y graves problemas con el sistema solidario de pensiones cerrado en 2007 y que acumularon 13.700 millones de dólares de déficit, por lo que exige una reingeniería total para darle continuidad a la institución.
En el foro Enfrentando la situación fiscal y el reto financiero de la Seguridad Social organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) una serie de expertos desgranaron las diversas características de la seguridad social panameña, cómo se puede repotenciar su servicio utilizando las nuevas tecnologías y la economía de escala, además de plantearse si se debe unir con el Ministerio de Salud y la necesidad de que funciones como una empresa financiera.
El consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Waldo Tapia presentó el panorama internacional de los sistemas de pensiones y aclaró que “sean los de reparto (solidarios) o los de cuentas individuales”, la población está igualmente “disgustada” por cómo se administran las instituciones y citó los casos más recientes de Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, España y Nicaragua de protestas masivas.
Reconoció que uno de los principales errores a remediar es “la comunicación” de lo que pasa con la institución ante una realidad tan cambiante en los últimos tiempos, que difiere de cómo se conceptualizó el sistema de pensiones, cuando la participación de los que aportaban era mucho mayor de los que se jubilaban, y hoy esa ecuación ha disminuido sustancialmente.
Citó el caso de Chile, donde el sistema fue privatizado con una promesa de pensiones del 70 por ciento del salario, pero en la actualidad llega solo al 25 por ciento, o el de Brasil en donde la edad de jubilación se subió a los 65 años para hombres y mujeres, temas “muy sensibles” porque tocan a un grupo poblacional “vulnerable” y que cada día aumenta más, tiene más expectativa de vida y peso político en las decisiones, ante el que el sistema se ha quedado obsoleto.
“La inacción, el postergar las decisiones, la inacción” de los gobiernos es que genera el descontento, explicó.
La digitalización, la focalización de recursos, la simplificación en los trámites, el uso de sistemas biométricos –que ya Paraguay y Costa Rica tienen- son herramientas que ayudarán, por ejemplo para depurar las listas de beneficiarios, administrar mejor los recursos con equidad y sostenibilidad, aconsejó, buscando también la ampliación del número de afiliados.
En el caso de Paraguay –citó- el uso del sistema biométrico le ha generado ahorros por 15 millones de dólares al depurar beneficiarios que no reunían los requisitos para recibir pensión, anotó.
Citó que el BID está experimentando en varios países una aplicación de prueba para conseguir que los conductores de la plataforma tecnológica UBER se afilien a la seguridad social.
Por ejemplo, en Panamá uno de cada dos trabajadores cotiza, porque el diseño del sistema excluye a los informales, y eso pasa también en otros países, y lo que es peor, el 13 por ciento más pobre es el que menos cotiza pues solo el 44 por ciento está afiliado, a diferencia del 20 por ciento más ricos, que en un 74 por ciento están aportando y “son los que se llevan las pensiones más altas” junto con los de regímenes especiales. Solo el 48 por ciento de los mayores de 65 años reciben una pensión, el resto no, y es peor con las mujeres, solo el 42 por ciento, advirtió.
Hoy en día, el 33 por ciento de la población mayor de 65 años declara recibir una pensión no contributiva (un subsidio denominado 120 dólares mensuales a los 65) lo que “se convierte en un sistema implícito de deuda de las pensiones porque la gente vive más años” y solo en 2017 costaron 182,1 millones de dólares, detalló.
Incluso se ha medido que reciben más de lo que aportan, un promedio de 153.000 dólares, lo que se constituye en un subsidio implícito porque la tasa de remplazo está sobre el 70 por ciento, o sea la suma que cobrará en pensión es 70 por ciento superior a lo que aportó en toda su vida laboral.
Tapia aseguró que se necesita “de inmediato” sentar las bases para atender la situación “que debe partir de la institucionalidad, creando un diseño de políticas y datos actualizados, la regulación, fiscalización, administración, con reglas claras del manejo de la inversión”.
El consultor Juan Antonio Casas, que trabajó en la Organización Panamericana de la Salud, refirió la conveniencia de unir los servicios del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social para cumplir con el mandato de dar la atención universal ante una realidad del sistema que “está en crisis en todo el mundo”.
Apuntó lo “profundamente difícil que es hacer cambios de fondo” en los sistemas y que ello solo ha sido posible en situaciones de cataclismos o guerra, al tiempo que señaló que destinar el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la salud es un “nivel adecuado”, pero con equidad y eficiencia, procurando aumentar la cobertura y que la población no pague por el servicio directamente.
Llamó la atención que en Panamá se ha estancado la mortalidad infantil en 14 por cada mil niños nacidos vivos, lo cual “es preocupante” porque es similar al Congo “algo está sucediendo en las condiciones de vida y de atención de salud” porque comparado con países de gasto similar en salud como Chile o Costa Rica esta tasa es la mitad en esos países.
Apuntó que también preocupa el hecho que una de cada tres embarazadas en Panamá es adolescente sin educación sexual.
Otro dato que reveló es que en el año 2000 un panameño gastaba 300 dólares en salud y al 2018 esa necesidad alcanzó los 1.800 dólares anuales por persona.
El empresario y exmiembro de la directiva del Seguro Social César Tribaldos advirtió que el sistema de pensiones de Panamá es “una bomba de tiempo” porque el programa de reparto cerrado en 2007 acumula un déficit actuarial “de más de 13.700 millones de dólares que no aparece registrado en ningún lado” y exigió que se rebele las cifras auditadas por la Contraloría, que fueron declaradas de uso confidencial por las observaciones que le hizo la institución fiscalizadora, porque, según él, la Caja pude publicarlas sin violar la ley.
Según Tribaldos, la institución puede funcionar con 27.000 de los 33.000 empleados que tiene actualmente y el sistema solidario necesita 15.500 millones de dólares para pagarle las pensiones a los actuales jubilados y solo tiene 1.800 millones de dólares en reservas, 400 de ellos en edificios.
“No hay ni un real para los nuevos pensionados y en 2024 o 2025 se acaba la reserva por lo que el gobierno va a tener que destinar de 400 a 500 millones de dólares anuales para pagarlas, lo cual implica una presión fiscal”, señaló.
En cambio, el sistema mixto, vigente desde 2007 con un componente obligatorio y otro de ahorro voluntario para los en aquel entonces menores de 35 años, mantiene ahorros por 2.200 millones de dólares y cuentas personales por otros 1.000 millones de dólares, y reúne ya a 250.000 personas, sin embargo “hasta ahora ningún joven ha recibido un estado de cuenta de parte del Seguro Social y la ley lo establece, no saben cuánto han ahorrado”.
Francisco Bustamante fue categórico al afirmar como subdirector de la Caja de Seguro Social que reconoce que su sistema de administración “es un desastre” y aclaró que “la cuenta la paga la sociedad, todos nosotros, no el Gobierno; hay que estar claro que la cuota que se paga no es un impuesto, sino un ahorro, y la Caja de Seguro Social no solo es una institución de protección social, sino una entidad financiera con 8.500 millones de dólares de patrimonio que debe ser manejada como tal y no existe ese sistema”.
Reconoció que de 2012 a 2017 “hay un agujero negro, fracturaron información, se hizo un audito y la Contraloría se abstiene de pronunciarse, o sea no lo avala”, además el 11 por ciento de la población, indígena, crece al doble de la tasa nacional de 1,8 por ciento y ninguno cotiza, los “milennials” son autónomos, no se afilian y la tecnología ha ocasionado “un cambio real de la sociedad”.
Mientras por cada pensionado con el sistema solidario hay 1,9 contribuyentes, en el sistema mixto hay 1.168 por cada uno de los futuros pensionados, pero el sistema de administración “es un desastre interno”, afirmó.
A la situación agregó el coste de enfermedades no transmisibles, como la hemodiálisis, que cuesta 1.200 dólares por cada paciente y “todos los meses se agregan 50 pacientes nuevos y no tenemos un sistema de contabilidad de costos”.
La Caja de Seguro Social “merece rescatarse, con participación de la sociedad, hacer docencia y actuar con decencia porque todavía tenemos que recuperar 225 millones de dólares que debe el sector privado” en cuotas, anotó.