Con la debida consideración
Panamá cierra 2019 con dinamismo económico, pero no el suficiente para generar riqueza en abundancia, si acaso la expansión será del 3,5 por ciento, poco más de la mitad de lo que se esperaba al inicio de año, y uno de los principales síntomas es que el desempleo se acerca al 7 por ciento, duplicando al que existía hace apenas cinco años atrás.
Y si solo tomamos en cuenta a los más jóvenes o solo a las mujeres, la cifra de desocupación sube exponencialmente, además casi 250.000 son “ninis”. En este escenario empresarios y obreros recibirán la decisión del presidente panameño, Laurentino Cortizo, sobre el salario mínimo.
Al no llegar a un consenso, ambos sectores le dejaron la responsabilidad al gobierno, en el entendido que acatarán la decisión de Cortizo, aunque sea a regañadientes, como se avizora, porque los empresarios piden cero aumento y los trabajadores al menos 25 por ciento, ambos extremos “irreales”, según los entendidos, pero usados como carta de negociación, que esta vez no funcionó porque no se acercaron posiciones.
La falta de acuerdo en los últimos años llevó a que sea el Ejecutivo el que determine el ajuste salarial, tal como en el 2017, cuando el Gobierno decretó un alza del sueldo mínimo del 6,5 % para las grandes empresas y del 4,5 % para las pequeñas.
Cuando en agosto pasado se instaló la comisión negociadora, el vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo, dijo que en el país unas 220.000 personas reciben salario mínimo y que el compromiso directo es garantizar que el monto que se fije como ajuste permita el desarrollo digno de sus vidas.
Mientras los empresarios advierten que un aumento provocará más despidos –nunca renunciar a su plusvalía-, los obreros argumentan que es tan injusta la distribución de la riqueza y tan oneroso el coste de la vida que bien se merecen un sustancial ajuste y un buen argumento es el alto coste de las medicinas, la electricidad y los bienes raíces.
Estamos visualizando que, en efecto, para los 220.000 trabajadores que cobran el mínimo se dará un ajuste al alza, quizás del 5 por ciento como esbozan por allí, casi cuatro puntos porcentuales por encima del índice de inflación, pero en promedio sería una subida en metálico de 36 dólares mensuales en la región 1, donde es actualmente de 721 dólares, y de 28,15 dólares en la región 2 (Darién y las comarcas) en donde se paga 563 dólares.
Detengámonos y reflexionemos, la canasta básica no baja de 300 dólares en Panamá, un alquiler de vivienda no es inferior a los 200 dólares mensuales en la periferia, las medicinas cuestan el doble o triple más que en el resto de la región, y si de verdad se quiere empujar hacia arriba el estado de bienestar, no hay otro camino que buscar dignificar la vida de los más necesitados, eso es lo que dijo Carrizo ¿no?