Seguro Social de Panamá alerta que en 2023 se agotarían reservas si no se hacen reformas
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) El programa de pensiones solidarias de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá colapsaría en 2023 si no se hacen reformas que impidan el agotamiento de las reservas con las que se paga a casi 300.000 personas, de las que entre 2018 y 2019 consumió 276 millones de dólares, informó el director de esa institución, Enrique Lau Cortés.
Lau, en una larga conferencia de prensa acompañado por la ministra panameña de Salud, Rosario Turner, entre otros funcionarios, y miembros de la Junta Directiva de la CSS, aclaró que los cálculos son “estimaciones” porque desde 2012 la institución no cuenta con cifras “confiables” porque no hay un audito debidamente refrendado por la Contraloría General de la República, debido a la ausencia de un sistema de registro de ingresos actualizado y alimentado manualmente.
Explicó que, según los expertos, remediar esta situación tomará “unos 18 meses”, luego de lo cual si se tendrá un informe actuarial completo y validado, momento en el cual se debe “convocar a un gran diálogo nacional” para decidir que reformas se hacen para reflotar el programa de pensiones y jubilaciones solidarias, que tiene actualmente 3.300 millones de dólares de activos y en 2018 consumió 48 millones de dólares y en 2019 un total de 228 millones de las reservas y “si no hacemos nada para el año 2023 se agotarán las reservas”, apostilló.
El otro programa de jubilaciones, mixto, mantiene 2.425 millones de dólares recaudados, pero este no está afectado porque no alimenta al otro y aún ninguno de los asegurados ha alcanzado la edad de jubilación pues fue creado hace poco más de una década para los menores de 35 años, que aún no alcanzan la edad para retirarse, 57 años las mujeres y 62 años los varones.
Lau dijo que su administración “no va a quedarse sin hacer nada los próximos 18 meses” mientras se resuelve el problema actuarial, porque hay 40 años de reclamos atrasados de parte de los asegurados, porque no hay medicinas, las citas médicas demoran meses, no hay reactivos para los exámenes, ni siquiera un inventario que permita en tiempo real que hay en las bodegas del seguro.
Solo la deficiencia por no tener las medicinas recetadas por el sistema le ha costado a los asegurados al menos 400 millones de dólares que no debieron gastar, “estamos empobreciendo a nuestra gente”, lamentó el director, quien agregó que “la excesiva burocracia, el trato que se le da a los asegurados, el retraso en el pago de las prestaciones médicas y del programa de riesgo profesionales” expone a los trabajadores a sufrir “una crisis económica que muchas veces sus consecuencias son peores que la de la atención médica”.
También señaló que va a cambiar, con ayuda de la tecnología, el sistema de pago de planillas, para que deje de ser obligatoriamente presencial, a uno que permita hacerlo desde un móvil, porque esa es una de las razones para que a junio de 2019 se acumulen 283 millones de dólares en pago de contribuciones por parte de las empresas.
La CSS atiende al 87 por ciento de los 4 millones de panameños, entre 1,2 millones de cotizantes activos y 2,28 millones de beneficiarios, con una esperanza de vida de 78 años al 2016 “cifra que está mejorando que es muy importante porque cada año de incremento de esperanza de vida representa 4 por ciento de crecimiento del producto interno bruto (PIB)”.
En el año 2000 había 5,1 cotizantes activos por cada jubilado, en 2019 eran 2,3 por cada pensionado, y para que el sistema sea sustentable debe mínimo haber 5 o más cotizantes por cada pensionado, explicó Lau.
La institución tiene 35.000 funcionarios, a razón de uno administrativo por cada 1,2 de salud, cuando lo óptimo es que exista un empleado administrativo por cada 5 de personal médico, sostuvo.
Solo en cobranza coactiva a empresas hay 35.000 expedientes, “que se llenan a mano”, los que pretende digitalizar para agilizar los procesos, mientras que de los 12.500 millones de dólares en activos con que cuenta la institución identificó que hay “ociosos, sin generar ingresos, terrenos valorados en 477 millones de dólares” que pretende poner a producir para destinar sus frutos al programa de vejez, invalidez y muerte”, que paga las pensiones.
Lau también explicó la lista de proyectos de infraestructura inconclusos, como la multimillonaria “Ciudad de la Salud” iniciada en el mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014), que dijo se va a terminar, pero está negociando el precio final con los constructores, que han presentado reclamos por 176 millones de dólares, que le tienen que sustentar, lo que dejaría el costo del proyecto en más de 700 millones de dólares.
El director siguió enumerando las deficiencias y que remedios pretende aplicar, con apoyo de la Junta Directiva de la CSS, para mejorar la atención a los asegurados y advirtió que no permitirá “esquilmar” los recursos de la institución y “no actuar unilateralmente” en cuanto a los cambios profundos que necesita.