Empresarios rechazan maniobra de los diputados de Panamá para favorecer a reos por corrupción
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La cúpula empresarial panameña rechazó la maniobra de los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional que modificaron sin consulta un artículo del Código Penal para establecer el trabajo comunitario a los condenados por corrupción y otros delitos graves cuando la condena es inferior a cinco años de cárcel.
“Resulta incomprensible que la Asamblea Nacional introduzca elementos sorpresivos, inconsultos y desmedidos de último momento como ha sido la modificación al Artículo 65 del Código Penal”, afirma en una declaración la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) sobre el “camarón” (trampa) incluido en una ley propuesta por un diputado independiente para evitar la excarcelación de individuos condenados por ataques sexuales contra menores y la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos.
La CCIAP añadió que “esperamos del Órgano Legislativo un actuar que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho”, al mismo tiempo que le piden al Órgano Ejecutivo que “sea consecuente, tal y como hasta ahora lo ha demostrado, con lo que la sociedad reclama”, en alusión a las varias voces de líderes de la sociedad civil y de la oposición de vetar ese proyecto de ley en lo que concierne a ese artículo que fue introducido sin discusión por diputados afines al gobierno.
El proyecto de Ley 91, aprobado por la Asamblea Nacional, modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, permitiendo que quienes sean condenados con penas que no superen los cinco años de cárcel, sean beneficiados con trabajo comunitario, exceptuando quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, durante una gira por el interior del país dijo a periodistas que no conocía el contenido de la nueva ley, pero que iba a revisarla antes de estampar su firma, porque no iba a “beneficiar a ningún tipo de crimen”.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá recordó que recientemente se reunió con el nuevo procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, “manifestándole complacencia con el proceso que llevara a su nombramiento y expresándole expectativas en cuanto a ver, durante su gestión, el fortalecimiento de la administración de Justicia en el país”.
“Nuestro gremio ha sostenido por largo tiempo que la base del desarrollo general de Panamá se funda en la construcción diaria de un Estado de Derecho, a través de una justicia oportuna y equitativa para todos los que habitamos el territorio nacional”, apunta.
Por ello, llama la atención a la Corte Suprema de Justicia, “en la cual se dieron nombramientos tan satisfactorios como el del Procurador General de la Nación, y de los cuales la sociedad espera cambios contundentes” porque emitió un fallo “en un caso de amparo de garantías que le tomara cinco años a dicha instancia judicial para mantener en firme una decisión de la Contraloría General de la República – y que pudo resolverse de manera diligente –“, lo que “ nos lleva a insistir en que una justicia tardía no es justicia”, sentencian.
Los empresarios “esperamos de todos los funcionarios que conforman este poder del Estado se conduzcan de forma vertical y con estricto apego a la ley”, indican en alusión al Órgano Ejecutivo.
“De igual modo –claman-, nos corresponde a los ciudadanos contribuir a la cultura de la transparencia y al adecentamiento institucional de nuestro país. Todos debemos cumplir con la ley y, en ese sentido, a aquel que falle, debe caerle todo su peso. Estamos llamados, empresarios, trabajadores, políticos, estudiantes, sociedad en general, a denunciar los actos de corrupción de los que tengamos pruebas”.
Uno de los componentes básicos para alcanzar el desarrollo pleno “es un sistema de administración de justicia certero, transparente e imparcial. Solo así afianzaremos un futuro confiable para todos los panameños”, anota.
La morosidad y la evasión de impuestos, la falta de pago de las cuotas obrero patronales a la Caja de Seguro Social, habiéndolas descontado, el pago de coimas por ganar contratos con el Estado, son algunas de las situaciones públicas en la que los empresarios son señalados por las respectivas instituciones.