Diputados aprueban en primer debate auxilio económico por Coronavirus en Panamá
(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprobó en primer debate debate tres proyectos de ley con medidas sanitarias adicionales para la prevención, mitigación y control ante la Pandemia de la enfermedad Coronavirus (COVID-19) y dictar la moratoria por 90 días del pago de deudas al sistema bancario.
También se pasó a un segundo debate el proyecto por el cual se establece medidas de interés social frente a la Emergencia Nacional Sanitaria, con el fin de disminuir el impacto de la Pandemia en nuestra economía, velar por el bienestar económico de los ciudadanos y empresarios, tomando en cuenta que se están adoptando medidas de contención laboral, educativa, comercial, de esparcimiento público y acciones que aseguran el suministro de bienes y servicios necesarios para proteger la salud pública de todos.
El presidente de la Comisión, el diputado oficialista Crispiano Adames, dijo que los proyectos que pueden modificar y regular la emergencia, urgencia o alerta nacional sanitaria serán "fusionados" en el segundo de tres debates que exigen para crear una ley en Panamá.
Las propuestas económicas van desde la prohibición de corte de los servicios públicos básicos, públicos y privados, también ordena a la Superintendencia de Bancos (SBP) junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definir el mecanismo “justo y prudente” para recuperar las hipotecas que caigan en morosidad por la suspensión de pagos por 90 días, siempre y cuando el deudor demuestre que sus ingresos mermaron a raíz de la pandemia.
Además faculta a la SBP verificar con los bancos si se puede bajar la tasa de intereses en todos los productos que ofrecen, conforme ha ocurrido a nivel global, y ordena que la Dirección General de Ingresos y los ayuntamientos difieran el cobro de impuestos y tasas, sin precisar tiempo.
Propone diferir el pago de las cuotas obrero patronales, que Educación defina un plan de recuperación del plan de estudios del año 2020 con el uso de las tecnologías de la información y también el pago disminuido o diferido de las mensualidades de la educación privada.
Seguridad alimentaria, control de precios, cierre de locales y establecimientos festivos, deportivos, religiosos, culturales, juegos y apuestas, de venta de licor, serán cerrados durante la emergencia según esta iniciativa.
La diputada opositora Ana Gisell Rosas presentó el martes el proyecto, pero no fue a sustentarlo hoy, tampoco asistió el Ministerio de Economía y Finanzas ni la Superintendencia de Bancos, ni el Ministerio de Trabajo, solo un representante del Ministerio de Salud, Jorge Aguirre, quien advirtió que el estado de urgencia y emergencia nacional no tienen legislación y ese vacío se está llenando con estas normas, para pedir que se mantenga la responsabilidad del Ministerio de Salud en la dirección de la emergencia sanitaria, no la Asamblea Nacional.
Adames consideró necesario que se suba “a titulo constitucional” el control de la urgencia nacional sanitaria a cargo del Ministerio de Salud porque no está actualmente definido ni en el Código de Salud.
Respecto al auxilio económico, el diputado pidió que se incluya a los independientes e indigentes en la protección “porque no hay actividad y sin duda alguna va a haber una desaceleración en los tres próximos meses, el crecimiento iba en 3 por ciento en el primer trimestre de 2020” indicó.
La diputada oficialista Kaira Harding, propuso la regulación por ley del Estado de alerta nacional de salud pública en Panamá, para anticiparse a los brotes de males de “trasmisión internacional” como ha ocurrido con el Cornavirus, y antes con el SARS, la gripe H1N1, el Hantavirus y busca que el Estado “esté preparado” para usar fondos públicos de modo expedito, incluso levantando los límites del déficit fiscal.
El estado de alerta se declarará cuando la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud lancen una advertencia oficial al respecto, por lo que Harding dijo que Panamá debe tener los requisitos obligatorios.
La ley crea un consejo económico público privado transitorio que trabajará dos años ad honorem.