Educadores y universitarios marchan en contra de la Ley 406
Nicomedes Frías G.
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(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Gremios magisteriales marcharon hacia el Ministerio de Educación para expresar su oposición a la Ley 406 y como respuesta a las recientes amenazas de descuentos y congelamientos salariales anunciados por la ministra de educación, Maruja de Gorday.
Las medidas fueron anunciadas por la ministra luego de reiteradas convocatorias para el regreso a clases. Solo el 25% de los profesores respondió al llamado después de 17 días de suspensión de clases debido a las protestas. Existe una gran preocupación por las autoridades por la culminación del año escolar.
No obstante, muchos gremios magisteriales han mantenido su participación en las protestas durante más de 25 días.
Luis Sánchez, dirigente de la Asociación de Educadores Veraguenses, afirmó: "La ministra no está facultada para suspender el salario a ningún docente". Sánchez explicó que antes de tomar medidas disciplinarias, debería llevarse a cabo un proceso que hasta ahora no se ha iniciado con ninguno de los 32 mil docentes del país. El gremio exige la renuncia inmediata de la ministra.
Por otra parte, miles de estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad de Panamá expresaron su rechazo a la minería a cielo abierto en el país en una marcha que partió del parque Hacia la Luz en el campus central. La protesta recorrió la vía Transístmica hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
La comunidad universitaria coreó consignas patrióticas y en contra de la minería durante la manifestación. En la Corte Suprema, el rector, Dr. Eduardo Flores Castro, lideró una delegación de directivos para entregar un documento argumentando la inconstitucionalidad del contrato minero.
Entre los argumentos presentados se destaca la violación del procedimiento legislativo, alegando que la aprobación del contrato-ley infringe la normativa constitucional. Además, se señala que la concesión del contrato-ley 406 se otorgó directamente a la empresa First Quantum Minerals (Minería Panamá S.A.), sin pasar por una licitación pública.
Los alegatos incluyen la violación de la Constitución en relación con el régimen ecológico, alegando que el contrato-ley afecta las normas constitucionales que garantizan un ambiente sano y libre de contaminación. También se hace referencia a la transgresión del deber estatal de prevenir la contaminación ambiental y mantener el equilibrio ecológico, según los Artículos 118 y 119 de la Constitución, respectivamente.
Se destaca además que el contrato-ley va en contra del Protocolo de San Salvador, ya que atenta contra el derecho humano de los panameños a vivir en un ambiente sano.
El rector subrayó la importancia de la biodiversidad panameña, mencionando que el país representa solo el 0.05% de la superficie total del planeta, pero alberga un significativo porcentaje de biodiversidad. Al salir de la Corte, enfatizó la necesidad de preservar la biodiversidad y rechazó la minería, declarando: "Que se lleven su minería, que nosotros comeremos de nuestro trabajo y del desarrollo sostenible de nuestra biodiversidad".