La Cuestión del Seguro Social II

Hoy lunes, está supuesto a iniciarse el segundo debate del proyecto de ley 163, presentado por el Órgano Ejecutivo el 6 de noviembre de 2024, conforme ha sido reformado en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en su primer debate, con la participación de todas las bancadas, y después de escuchar, durante tres meses, tanto en su sede permanente como en sedes ad-hoc en provincias, las opiniones de sinnúmero de personas, gremios, asociaciones e instituciones varias que pidieron cortesía de sala.

Le toca ahora al Pleno de la Asamblea, esto es a todos los diputados, sin la participación de terceros, salvo los representantes autorizados del Órgano Ejecutivo con derecho a voz, retrotraerse a propuestas originales, acoger cambios acordados en el primer debate o introducir enmiendas propias.

Luego vendrá un tercer debate en el pleno, en el que los diputados aprobarán o rechazarán en un todo lo aprobado en el segundo debate.

Ojalá que en este proceso los diputados tengan presente las sabias palabras del arzobispo metropolitano: Oigan al pueblo, pero a los expertos también. Ojalá también, parafraseando a un apreciado cofrade, que al pueblo no siempre hay que darle lo que pida, si no lo que necesita.

En el transcurso del largo debate ciudadano, se han repetido argumentos en cuyas respuestas cabe insistir: aunque se cobren todas las cuentas pendientes con la Caja de Seguro Social, muchas prescritas y otras de deudores ya inexistentes, ello no alcanza para resolver el déficit actuarial; tampoco es suficiente sumar la optimización al máximo de los procedimientos informáticos y administrativos; ni la disminución de su planilla. Todo ello hay que hacerlo, pero no soluciona, ni remotamente, el problema.

Otro argumento manido es el de destino a la Caja, total o parcialmente, de los aportes del Canal, que, algunos continúan insistiendo, “no llegan al pueblo”. La verdad sea dicha, tales aportes entran a la caja común del Estado y su monto equivale a mucho menos de lo que se destina a subsidios directos e indirectos al “pueblo”, a lo largo y ancho de todo el país.

También se ha propuesto destinar total o parcialmente los ingresos de determinados impuestos, aumentarlos o crear nuevos. Además de que el destino específico de impuestos es una mala práctica tributaria –para eso están las contribuciones parafiscales, las tasas y los derechos– se pierde de vista que una cosa es el problema de los asegurados, aunque sean muchos, y otra el de todos los panameños, que no todos son asegurados.

Contra toda lógica, hay oposición al aumento de la edad de jubilación de 62 a 65 años para los hombres y de 57 a 60 para las mujeres, no obstante haber determinado en el 2022 la expectativa de vida promedio en 76.83 años, 80.09 para las mujeres y 73.73 para los hombres. Salta a la vista que no hay razón para tan temprana edad de jubilación, muchos menos para que sea menor la de las mujeres. En todo caso, la edad debía establecerse por actividad: menor perspectiva de vida tiene un trabajador minero que un profesional en cuarto refrigerado. Pero al margen de estas o de diferentes apreciaciones, todo parece indicar que sin los tres años adicionales sería extremadamente difícil equilibrar el déficit.

Contra toda experiencia, se quiere reducir a su mínima expresión la posibilidad de que las inversiones de la Caja sean manejadas por la empresa privada, dejándolas primordialmente en manos del Banco Nacional y de la Caja de Ahorros.

Se argumenta a favor de lo anterior, que la empresa privada se estaría aprovechando al manejar los fondos, sin tomar en cuenta que lo más importante no es lo que gana el administrador de los fondos si no el mayor rédito que perciben los dueños de los fondos, o sea los asegurados.

Se argumenta también, que los bancos estatales pueden hacerlo tan bien o mejor que la banca privada. Lo cierto es que, el rendimiento de los fondos de la Caja administrados por el BNP ha sido porcentualmente menos de la mitad de la de los fondos del SIACAP, manejados mayoritariamente por administradoras privadas. Lo cierto es que, sin demeritar los grandes y crecientes avances, en el manejo de la banca estatal, lo que hay que reconocerle a las últimas administraciones bancarias, las utilidades del mayor banco de capital panameño, tanto sobre el total de sus activos como sobre su patrimonio, son sustancialmente mayores a las del BNP.

En cambio, se ha tomado como lo más natural que al empleador se le grave con un 3% adicional al 12.25% que ya paga (más 1.5 de Seguro Educativo y promedio de 1% en riesgos profesionales). En esto, se olvida convenientemente que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura con 1,600 miembros, sumados a no más de 400 que pudieran tener las demás organizaciones empresariales reconocidas, 2 mil en total, no son representativas de las más de 200 mil empresas panameñas, multi o unipersonales, de las que el 70% son microempresas. Y es que, a las grandes y medianas empresas no les será difícil absorber o trasladar el costo al consumidor final, mientras que a la pequeña y microempresa no le será tanto.

Así mismo, se afilia obligatoriamente a los independientes que tendrán que aportar a la solución de un problema de otros, del que, en adelante, también serán participantes. Si bien la obligación se limita al riesgo de invalidez, vejez y muerte, se les permite adherirse voluntariamente al de enfermedad y maternidad, mas no al de riesgos profesionales. Curioso es que los independientes – todo aquel que no devengue un salario, salvo que viva de sus rentas- no parecieran haber caído en cuenta de lo que les espera.

El Ejecutivo, por su conveniencia, hizo suya parcialmente propuesta izquierdista, al transferir a un “Fondo Único Solidario”, las reservas de los participantes en el subsistema mixto, cuyo mayor componente es el ahorro personal. Con ello, les hicieron partícipes del riesgo total, en un “sistema de capitalización con garantía solidaria”. Los afectados, que no parecieran haber dado cuenta, contribuyente de esta manera a la solución del problema.  

El Ejecutivo, atinadamente, ha apuntado y aceptado la obligación del Estado por el pago de las pensiones y jubilaciones ya otorgadas y de las que están a punto de otorgarse. Por ello y otras razones, aporta a la solución del problema US$966 millones anuales, suma que podría subir.

Pero, como sustituto principal de lo que se debe, pero no se quiere hacer, se sugiere aumentar el aporte estatal, sufragándolo con el cobro de una supuesta evasión fiscal de US$7 mil millones, primordialmente, US$1,500 en ITBMS y US$4,500 en Impuesto Sobre la Renta, cifras estas que se vienen escuchando, sin variación, desde hace años. El problema radica en que mientras no se cobra la supuesta evasión -no hay razón para pensar que se hará de la noche a la mañana lo que hasta ahora no se ha hecho – tales aportes adicionales deberán salir de los ingresos existentes o de nuevos préstamos.

El Ejecutivo hizo un trabajo meritorio en la elaboración del proyecto de ley – aunque se quedará corto en la integración de los servicios médicos y hospitalarios – e igualmente ha logrado ir mejorando éstos en la práctica con la invaluable colaboración del personal médico.

Ahora le toca a la Asamblea de Diputados, despojándose de consideraciones subjetivas cortoplacistas y revistiéndose de la mayor objetividad, producir una ley que resuelva el tema de la seguridad social, si no permanentemente, por lo menos, dadas las circunstancias, para el más largo plazo posible.